El acceso a la tierra, su distribución equitativa, cuidado y utilización para generar trabajo y soberanía alimentaria siguen siendo uno de los principales desafíos del continente latinoamericano. Se trata de una deuda antigua, fundante de nuestra historia, que ha producido y produce hoy, procesos y luchas de variada intensidad. Ante la escandalosa concentración de tierras y latifundios que ya hoy sufre nuestro continente y también nuestro país, Cuidadores de la Casa Común, inspirados en Francisco y su legado y en las luchas de nuestro pueblo por la justicia, la dignidad, la soberanía y la paz; decimos NO a la reforma de la Ley sobre el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, también llamada Ley de Tierras Rurales (26.737).
Esta Ley, sancionada el 22 de diciembre de 2011 establece un límite máximo del 15% a la titularidad o posesión de tierras rurales en el territorio nacional por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras. Se sancionó teniendo en cuenta que la tierra no es un activo comercial e inmobiliario sino un recurso estratégico de la Nación Argentina, que se trata también de preservar el agua dulce puesto que la adquisición de grandes extensiones de tierra implica el control de fuentes de agua dulce permanentes, glaciares y acuíferos, el control de las pareas de frontera para defender soberanía territorial y frenar la escalada de precios de los campos que terminaba expulsando a los pequeños productores locales, comunidades originarias y agricultores familiares.
Hoy, más del 5% del territorio nacional está en manos extranjeras, según un informe de CONICET y la Universidad de Buenos Aires https://iesyh.conicet.gov.ar/observatorio-de-tierras/, y a pesar que ninguna provincia excede el 15%, hay distritos en los que más del 50% está en manos extranjeras, como Lacar en Neuquén, Lamadrid en La Rioja o San Carlos en Salta.
El proyecto de Ley de la inviolabilidad de la propiedad privada modifica sustancialmente la Ley de Tierras Rurales, bajo el argumento de que fijar un tope del 15% constituye una restricción ilegítima al derecho de propiedad contenido en la Constitución Nacional. ¿Restricción ilegítima para quiénes, nos preguntamos? Para las grandes corporaciones y multinacionales, para los países que ya hoy se han apropiado de más del 5% de nuestro territorio. El argumento del oficialismo es escandaloso, porque se trata justamente de lo contrario. De aprobarse este proyecto, se restringirá el derecho de los argentinos -postergado desde las luchas por la independencia nacional – de habitar nuestro suelo, de desconcentrar la población de las grandes urbes, de recuperar soberanía alimentaria, de vivir en dignidad y justicia sociombiental, de refundar la patria a partir de la creación de nuevos poblados como sostiene el proyecto de Ley de Marcha al Campo.
Defender la Ley de Tierras y profundizarla con la Ley de Marcha al Campo es el imperativo que nos convoca. Consideramos que es un deber de todo argentino defender la soberanía territorial, frenar la voracidad de países y multinacionales que ven en nuestro territorio nacional la oportunidad de avanzar con el modelo que el presidente MIlei impulsa como experiencia planetaria: un país que funcione bajo el mando del mercado bajo la premisa de que las democracias ya no sirven, que han demostrado su fracaso total.
Hacemos nuestras las palabras que el padre obispo Juani Liébena expresó en el senado de la nación, al participar de debates previos al intento gracias a Dios fallido, de sancionar esta ley.
“Creemos que este proyecto de ley atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse.
Así lo afirmó León XIV en la Magnifica Humanitas: “El principio del destino universal de los bienes nos recuerda sobre todo que los bienes de la tierra —el suelo, el agua, el aire y los recursos naturales— han sido dados por Dios a toda la familia humana para sostener la vida de todos, hoy y en las futuras generaciones, y que toda persona tiene un derecho originario al uso de dichos bienes” (MH 65).
No estamos despreciando la propiedad privada. La defendemos y la cuidamos. Pero la queremos para todos y no para algunos. Abogamos y soñamos porque todos puedan tener un título en sus manos, para poder trabajar la tierra con seguridad, con respeto al ecosistema, con responsabilidad ecológica y humana, con justicia intergeneracional, como nos recuerda León en su reciente encíclica:
“Existe un derecho a la propiedad privada que tiene su sentido y su función propia, pero siempre subordinado al destino universal de los bienes. La tradición de la Iglesia ha visto en la propiedad un medio para custodiar y administrar los bienes de manera que puedan servir mejor al bien común. Dado que la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada, su función social debe ser considerada como una doctrina cierta de la Iglesia, ya presente en las Sagradas Escrituras y en los Padres”. (MH 66)”