Tras el debate que se está dando en el Congreso de la Nación sobre la baja de edad a la imputabilidad, conversamos con Susana González, integrante de Cuidadores de San Martin (Bs As), coordinadora académica de la cátedra de Consumos Problemáticos en la UNSAM, y Presidenta de la asociación civil Enraisur, escritora del libro “Los Últimos”, sobre las garantías que debe ejercer el Estado y cómo actúa la sociedad ante este flagelo.
“El Estado moderno no es otra cosa que la comunidad organizada jurídicamente. Por lo tanto, desentenderse del presente y futuro de niñas/os y adolescentes es desentenderse de la comunidad misma. Es el sector más olvidado junto a los adultos mayores, en la formulación y ejecución de políticas públicas. En 1989 después de 10 años de trabajo conjunto, Naciones Unidas logró aprobar la Convención de los derechos del niño con el compromiso de todos los países, excepto Estados Unidos de América; en el mismo año que EEUU formulaba el Consenso de Washington. Alguno de estos señalamientos, entre otros, ayuda a entender por qué recién en 2005 se promulgó la ley nacional 26.061, sobre la promoción y protección de los derechos de niños y adolescentes, ley de buena técnica legislativa y de escasa aplicación en la vida cotidiana, por defección de las obligaciones asumidas por el Estado tanto a nivel nacional como internacional” comenta Susana.
Según el articulo 3 de la Convención internacional sobre los derechos del niño, “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño», por lo tanto le preguntamos a Susana que implica juzgar a un menor de edad en un sistema penal para adultos.
“Actualmente ya hay menores de 14 años condenados a prisión mediante la aplicación de una “medida de seguridad” eufemismo para disfrazar la aplicación de medidas preventivas de encierro a esos adolescentes. Sumado al hecho de que se está llevando a cabo una mayor aplicación casi mecánica de la prisión preventiva en detrimento de las otras posibilidades que ofrece la ley, tales como las medidas socioeducativas en el medio libre. Al hecho de que la Convención prohíbe bajar la edad de imputabilidad una vez establecido por el estado nacional, se suman las condiciones en que el encierro se lleva a cabo”
Los derechos de adolescentes en conflicto con la ley penal vienen siendo sistemáticamente vulnerados por el estado, en toda su extensión: hay deserción escolar, desatención en la salud, falta de espacios de socialización, estigmatización de los consumos problemáticos y aumento de las tasas de suicidio.
Desde Cuidadores de la Casa Común creemos y creamos mundos posibles, con mayor inclusión, sabemos que las políticas deshumanizadoras del gobierno liberal de turno no aportan a que los niños crezcan con mayor nivel de protección pero no claudicamos en la lucha por continuar el legado de nuestro Papa Francisco, quien nos invitó al cuidado de nuestra Casa Común.
Sabemos que no es posible una Patria con inclusión social si descartamos a los pibxs. Decididamente no. Nos deberíamos preguntar qué respuesta están esperando nuestros pibes invisibilidados que pueda evitar tener que recurrir a medidas extremas con el fin de hacerse ver. Para expresar el pedido de auxilio sin poner en riesgo su vida Nos interpelan permanentemente a los adultos. ¿Nos dejamos interpelar?
La novela “Los Últimos” nos muestra la intimidad de dos mundos en disputa: la muerte se naturaliza y se hace cotidiana. La realidad se muestra como un terrible castigo que cae irremediablemente sobre quienes nacieron sin derechos. Los protagonistas se mueven rápido para sobrevivir por lo menos un día más. Su anhelo es encontrar un breve momento en el que poder asomarse a las caricias del sol de aquel otro mundo de luz en el que no tienen cabida.
La novela nos plantea el desafío de construir otro mundo, con una lógica que lo haga habitable porque “debe ser difícil estar muerto”.
La charla con Susana nos deja aún más claro que hay el Estado está obligado a nivel nacional e internacional a asumir responsabilidades en cuanto a gestionar políticas públicas para protección de las infancias y adolescencias, responsabilidad que en el contexto nacional actual se está haciendo caso omiso.
Podés encontrar el libro en el este link: Los Últimos